El jueves 4 de febrero de 1993 tiene lugar el juicio contra Ecofontaneros-Aedenat por la paralización de las obras de la urbanización «Villacumbres del Moncayo» en 1990. La solidaridad es inmensa. Quedan absueltos de todas las acusaciones, pero la empresa constructora recurre la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón y son condenados a 650.000 pesetas de multa y un mes de arresto para tres de activistas.
La empresa "Grado S.L." solicitó 45 años de prisión para los catorce ecologistas que mañana serán juzgados en Zaragoza por encadenarse a algunas de las máquinas que en marzo de 1990 trabajaban en la urbanización "Villacumbres del Moncayo", según anunció hoy la Asociación Ecologista de Defensa de la Naturaleza (Ecofontaneros-Aedenat).
Los hechos ocurrieron el 15 de marzo de 1990, cuando, según Aedenat, miembros del grupo "Ecofontaneros-Aedenat" se encadenaron pacíficamente a algunas máquinas.
Las mismas fuentes mantienen que la actitud pacífica de los conservacionistas hizo que la Guardia Civil no interviniera, a pesar de que estuvo presente.
Sin embargo, la empresa pide tres años de prisión y tres meses de arresto para cada uno de los 14 encausados, multa de 150.000 pesetas por persona y 750.875 pesetas de indemnización.
Por su parte, el fiscal pide un mes y un día para cada uno, multa de 100.000 pesetas a tres de ellos y una indemnización de 779.600 pesetas.
Ecofontaneros-Aedenat afirma que "Grado S.L." realizaba las obras de la urbanización en las laderas del Moncayo, de manera ilegal, sin licencia de obras ni permiso de vertidos, "hurtando" agua de balsas de riego y pozos y envenenando el depósito de agua potable y la red de distribución del pueblo de Alcalá de Moncayo (Zaragoza) con aguas fecales de su depuradora de aguas residuales.
Además, insisten en que la empresa realizó perforaciones para extracción de agua sin permiso de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Ecofontaneros-Aedenat ha argumentado que los encausados actuaban cumpliendo el acuerdo de las Cortes de Aragón de noviembre de 1989, que instaba al Gobierno regional a paralizar las obras.
Con motivo de la celebración de este juicio, Aedenat ha denunciado lo que califica como "constante represión a que está sometido el movimiento ecologista por actividades de defensa del medio ambiente simbólicas y pacíficas".
